Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 13 mayo de 2026. La diputada local del PRI, Adriana Campos Huirache, presentó una iniciativa para aumentar las penas contra quienes recluten a menores de edad mediante redes sociales y falsas ofertas de trabajo vinculadas al crimen organizado.
La propuesta plantea reformar el artículo 157 del Código Penal de Michoacán para incrementar hasta en una mitad las sanciones cuando niñas, niños, adolescentes o personas incapaces hayan sido captadas a través de anuncios publicados en plataformas digitales o medios de comunicación.
Durante su intervención en el Congreso local, la legisladora advirtió que grupos criminales utilizan perfiles falsos y ofertas laborales engañosas para atraer a menores de edad aprovechando situaciones de vulnerabilidad económica.
“Pocos delitos agravian tanto a la sociedad como aquellos que se cometen contra menores de edad”, afirmó.
Campos Huirache señaló que el crecimiento del uso de redes sociales ha facilitado nuevas formas de captación para actividades ilícitas, particularmente entre adolescentes que buscan empleo o ingresos rápidos.
La diputada recordó que México ha firmado instrumentos internacionales de protección infantil, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y protocolos relacionados con explotación y violencia contra menores.
Además, citó cifras de TResearch Internacional que indican que las denuncias por corrupción de menores crecieron 7 por ciento en febrero de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.
Según los datos mencionados, en 2023 se registraron 2 mil 835 casos de corrupción de menores en el país, mientras que en 2020 la cifra alcanzó 2 mil 949 denuncias.
La legisladora sostuvo que el problema refleja no solo la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, sino también posibles niveles de impunidad frente a este tipo de delitos.
La discusión ocurre en medio de alertas nacionales sobre el uso de redes sociales como herramienta de reclutamiento criminal, especialmente entre jóvenes y menores en contextos de precariedad económica y falta de oportunidades.
La pregunta permanece abierta: ¿las reformas penales serán suficientes para frenar el reclutamiento de menores o el problema seguirá creciendo mientras persistan la impunidad y la vulnerabilidad social?
