Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 5 de octubre de 2026.- La diputada priista Adriana Campos Huirache presentó una iniciativa para limitar las suspensiones, clausuras y revocaciones de licencias a negocios donde ocurra un delito cometido por terceros. La propuesta busca reformar la Ley Orgánica Municipal y el Código de Justicia Administrativa de Michoacán.
El proyecto establece que la comisión de un delito dentro de un establecimiento no sea, por sí sola, motivo suficiente para sancionar al propietario. Para aplicar una medida administrativa, la autoridad tendría que acreditar indicios de que el titular, propietario, administrador o responsable participó en el ilícito, lo toleró o colaboró de manera dolosa; obtuvo un beneficio económico, o incumplió obligaciones legales directamente relacionadas con los hechos.
La propuesta también señala que delitos cometidos por clientes, visitantes, proveedores u otras personas ajenas a la administración no deben generar automáticamente responsabilidad administrativa para el negocio. Cualquier suspensión o clausura tendría que justificarse en una resolución fundada y motivada que acredite la responsabilidad correspondiente.
Campos Huirache argumentó que una clausura puede afectar a propietarios, trabajadores y sus familias, incluso cuando la administración del establecimiento no haya participado en el delito. Sostuvo que la iniciativa responde a planteamientos de personas que han sido afectadas por este tipo de medidas.
Para exponer el impacto de la inseguridad en la actividad económica, la legisladora citó estimaciones atribuidas a funcionarios de la Fiscalía General del Estado sobre pérdidas anuales de entre 7 mil 200 y 10 mil 800 millones de pesos en el sector aguacatero, y de entre mil 713 y 3 mil 426 millones en el limonero. También mencionó afectaciones en las actividades mezcalera, resinera, maderera, comercial y de transporte.
Además, refirió estimaciones del INEGI según las cuales los negocios en Michoacán tienen una esperanza de vida promedio de entre 6.6 y 7.3 años. La iniciativa fue presentada ante el Pleno del Congreso; la información proporcionada no precisa si ya fue turnada a comisiones ni cuál será su calendario de discusión.
¿Cómo puede protegerse la actividad económica sin debilitar la capacidad de las autoridades para actuar ante delitos cometidos en establecimientos?
