Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 27 de abril de 2026.- El discurso oficial es claro: la adopción no es un trámite, es un derecho de niñas, niños y adolescentes. En la práctica, el proceso sigue atravesado por filtros estrictos, evaluaciones prolongadas y decisiones institucionales que pueden alargar la espera.
Durante el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, el juez Miguel Orozco Eguiza, del Poder Judicial de Michoacán, explicó que pueden ser adoptados menores en abandono, bajo resguardo institucional o cuando sus progenitores renuncian a su cuidado.
Del lado de quienes buscan adoptar, la ley fija condiciones puntuales: tener más de 25 años, una diferencia mínima de 17 años con la persona adoptada y superar evaluaciones médicas, psicológicas y socioeconómicas. A esto se suma la entrega de documentación que acredite estabilidad personal y económica.
El procedimiento no es inmediato. Se divide en dos etapas: una administrativa —donde un consejo técnico evalúa perfiles y emite el certificado de idoneidad— y otra judicial, en la que un juzgado valida que todo el proceso cumpla con la ley y priorice el interés superior de la niñez.
Ese certificado es el filtro central. Sin él, no hay adopción. Con él, inicia una fase de convivencia supervisada para medir si la integración familiar es viable antes de una resolución definitiva.
El juez sostuvo que, al emitir sentencia, se generan los mismos derechos que en una familia biológica. Sin embargo, subrayó que cada caso se analiza de forma integral y bajo vigilancia para evitar irregularidades o intereses ajenos al bienestar del menor.
El mensaje institucional insiste en la protección de la infancia. Pero el proceso revela una tensión constante: garantizar seguridad sin convertir la adopción en un camino burocrático de largo aliento.
