Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán, 30 de abril de 2026. La diputada local Emma Rivera Camacho presentó una iniciativa para frenar la intervención de funcionarios públicos en la vida interna de los sindicatos, una práctica señalada de forma recurrente por el magisterio disidente.
La propuesta plantea reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para tipificar como falta grave el uso de recursos públicos, la presión política o cualquier forma de injerencia en elecciones sindicales.
El proyecto surge, según la legisladora, de un trabajo conjunto con la Sección XVIII del SNTE-CNTE, que ha documentado prácticas que distorsionan la representación sindical, desde la inducción del voto hasta la intervención directa en procesos internos.
La iniciativa incluye un catálogo de 19 conductas específicas consideradas como injerencia, con el objetivo de cerrar vacíos legales y alinear la legislación estatal con una reforma federal ya aprobada en la materia.
El fondo del planteamiento es claro: blindar la autonomía sindical frente al poder público y garantizar que los trabajadores elijan a sus dirigentes sin presiones ni interferencias.
En un contexto donde la relación entre gobierno y sindicatos ha estado marcada por tensiones históricas, la pregunta es si esta reforma será suficiente para erradicar prácticas que, hasta ahora, han operado con margen de impunidad.
