Omaida Melissa García | ClsComunica
La diputada Emma Rivera Camacho aprobó en el Congreso de Michoacán fortalecer la vigilancia sobre los altos mandos de la Guardia Nacional y, de paso, cambiar el lenguaje de la ley para hacerlo más incluyente.
Aunque la minuta proviene del Senado y es parte del proceso federal de armonización constitucional, el debate local expuso dos temas clave: la necesidad de reforzar los controles legislativos sobre la Guardia Nacional —una institución que ha sido duramente cuestionada por su creciente militarización— y la importancia simbólica (y legal) de eliminar el lenguaje sexista de la Constitución.
La diputada Rivera, del distrito de Zitácuaro, argumentó que con esta reforma se consolida al Senado como una cámara de control sobre los nombramientos de altos mandos, algo que ya ocurre con el Ejército y la Fuerza Aérea. La medida, dijo, abona a la transparencia y legitimidad política de las decisiones en materia de seguridad nacional.
Pero la reforma también pone sobre la mesa un segundo frente: el uso sistemático de lenguaje incluyente en el texto constitucional. Rivera lo llamó “un reconocimiento a la pluralidad y a la igualdad sustantiva”, en un contexto que, según expresó, coincide con “el tiempo de mujeres” y la llegada de la primera presidenta de México.
Más allá de las buenas intenciones, lo aprobado en Michoacán es un paso más en la ruta federal para modificar los artículos 76 y 78 de la Constitución. La propuesta deberá ser votada por al menos 17 congresos estatales para que pueda entrar en vigor.
Este debate ocurre mientras la Guardia Nacional sigue operando bajo mando militar, a pesar de la promesa inicial de que sería una corporación civil. La incorporación de filtros legislativos podría representar un contrapeso simbólico, aunque su efectividad dependerá de cómo se aplique en la práctica.
