Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 25 de marzo de 2026. — La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma electoral que busca reducir el gasto del sistema político, reorganizar estructuras de gobierno y fortalecer la participación ciudadana, plantearon legisladores del partido Morena en Michoacán.
Durante el posicionamiento brindado en el Patio del Poder Legislativo, las y los congresistas coincidieron en que la propuesta, conocida como “Plan B”, surge luego de que una reforma previa no alcanzara los consensos necesarios en el Congreso y entre los principales cambios, se plantea un rediseño de los ayuntamientos: estableciendo un máximo de siete regidurías, con posibilidad de ampliarse hasta quince en municipios con mayor población, y limita a una sola sindicatura por gobierno municipal.
También fija un tope al gasto de los congresos locales, que no podrá superar el 0.7% del presupuesto estatal, con el objetivo de vincular el ejercicio legislativo a criterios de austeridad y que en su caso acatarán.
De acuerdo con la propuesta, los recursos liberados por estos ajustes se destinarían a infraestructura pública.
En materia electoral, se plantea iniciar el cómputo de votos el mismo día de la jornada, fortalecer la fiscalización con reportes en tiempo real y prohibir el uso de efectivo y recursos ilícitos en campañas. Además, se establecen límites salariales para funcionarios electorales, bajo el criterio de que nadie gane más que la titular del Ejecutivo federal.
La iniciativa también incluye ajustes a la revocación de mandato, que podría realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo de la solicitud ciudadana, lo que permitiría su coincidencia con procesos electorales.
En el debate público, uno de los puntos de controversia ha sido la interpretación de este mecanismo. Mientras críticos señalan riesgos de uso político, la propuesta sostiene que no implica reelección, sino una herramienta para evaluar la continuidad de los gobiernos.
El proyecto se enmarca en la política de austeridad y reorganización institucional impulsada por el actual gobierno federal.
