Colaboración
Araceli Gutiérrez Cortés
El entorno público y mediático nos ha dicho que ya no se le puede criticar a las mujeres servidoras públicas, “ya no se les puede decir nada, porque es violencia política y te censuran”.
Así, conocimos varios casos este año, uno de los que más me impactó de inicio fue el de la alcaldesa de Acapulco que denunció al periodista Jesús Gabriel Castañeda Arellano, director del medio digital Acapulco Trends, por violencia política de género. Cuando entrevistan al periodista (que por cierto, ha sido muchas veces en diversos medios de comunicación a nivel nacional), él afirma que está siendo sujeto de censura sólo porque acusó a la alcaldesa por el presunto desvío de 898 millones de pesos, y que, por eso, lo condenaron a ofrecer una disculpa pública a la alcaldesa durante quince días, le pusieron una multa económica y lo subieron al Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política.
Evidentemente, las expresiones de indignación y solidaridad con el sancionado no se hicieron esperar. Así que me di a la tarea de revisar la sentencia, para corroborar si en efecto se trata de un caso de censura y me encontré con que el periodista dijo mucho más. No solo habló del desvió de recursos y supuestos derroches de la alcaldesa, también hizo referencia a sus preferencias sexuales.
Es erróneo pensar que no se puede criticar a las servidoras públicas, que no se les puede decir “corruptas” o “prepotentes”, esas expresiones no representan violencia de género, el periodista Castañeda Arellano, no fue sancionado por denunciar desvíos de recursos, fue sancionado por hablar de las preferencias sexuales de la alcaldesa.
Las preferencias sexuales de una servidora pública, la forma en que se viste, su complexión física, la pareja que tiene o la forma en que lleva su casa con sus hijos, no son temas que deban evaluarse como parte de su cargo o sus atribuciones. Meterse con estos temas, puede constituir violencia política en razón de género. Porque las expresiones están encaminadas a señalarla o demeritarla por su condición de mujer.
En cambio, hablar de cómo gobierna, su honestidad o falta de ésta, su ética, su conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones y cuáles son sus resultados, eso sí es materia del análisis público. Hacer críticas fuertes a las mujeres no es violencia política, a menos, que con esas críticas agreguemos estereotipos de género como pasó en el caso que aquí hemos platicado.
Lo más lamentable, es que, se mal informa a las personas, el periodista sabe perfectamente cual fue la razón de su sanción y lo sabe porque debió leer su propia sentencia, y no lo hace público porque le da pena. Para él es más fácil, victimizarse y decir en sus entrevistas que lo están censurando por denunciar desvíos, que no entiende la situación, pero omite completamente decir, lo que realmente dijo.
Es muy raro encontrarse con un violentador o violentadora que reconozca que lo es.
«Araceli Gutiérrez Cortés.
Académica y especialista en Derecho Electoral.
Fue consejera y presidenta del Instituto Electoral de Michoacán.»
