Sara Martínez / ClsComunica
Ciudad de México, 13 de octubre de 2025.- La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), que agrupa a más de 240 comunidades indígenas y afromexicanas en 20 estados del país, advirtió que la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum reduce las posibilidades de defensa legal de los pueblos originarios y contraviene el artículo 2º constitucional.
En un pronunciamiento emitido este 13 de octubre, en el marco del Día de la Resistencia Indígena, las organizaciones señalaron que la iniciativa endurece los requisitos para promover juicios de amparo y limita la protección de derechos colectivos, como el territorio y el medio ambiente.
Entre los principales riesgos, ALDEA destacó cuatro puntos:
- Restricción del “interés legítimo”, al exigir que quien promueva un amparo demuestre una afectación “real, directa y diferenciada”, lo que excluiría a comunidades y organizaciones que actúan en defensa del interés público.
- Mayores trabas para suspender actos reclamados, lo que permitiría la ejecución de obras o decisiones administrativas potencialmente inconstitucionales mientras se resuelve el juicio.
- Facilidad para que autoridades incumplan sentencias, al ampliar el concepto de “imposibilidad material o jurídica” de cumplimiento, debilitando la ejecución de resoluciones.
- Aplicación retroactiva de las nuevas reglas, incluso a juicios en trámite, lo que genera inseguridad jurídica.
Las organizaciones recordaron que el juicio de amparo es una de las pocas vías efectivas para la defensa del territorio y el medio ambiente, y que la reforma vulnera tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
“Se nos pretende cerrar la puerta de acceso a la justicia”, advirtió la Alianza, al señalar que la iniciativa contradice el compromiso del Estado de garantizar mecanismos accesibles y culturalmente adecuados para pueblos y comunidades.
ALDEA llamó al Congreso de la Unión a proteger las herramientas legales que hoy permiten el acceso a la justicia y a aprobar la Ley que reglamente la Reforma Constitucional en materia de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. También pidió al Ejecutivo federal garantizar la consulta previa, libre e informada antes de cualquier modificación legal que afecte sus derechos.
