Omaida Melissa García | ClsComunica
Graciela Ibarra trabajó 25 años en el Ayuntamiento de Morelia. Hoy, jubilada, asegura que los sindicatos y el gobierno municipal mantienen “acuerdos en los oscurito” que bloquean aumentos a las pensiones, dejando a más de 280 jubiladas y jubilados en situación económica crítica.
Previo a la Sesión Ordinaria de Cabildo este lunes, Graciela y sus compañeras se manifestaron y entregaron un documento a los regidores donde explican cómo los incrementos se concentran en los trabajadores en activo a través de las prestaciones, mientras que los jubilados quedan rezagados.
“Entre sindicatos y autoridades acuerdan cómo manejar las prestaciones de quienes siguen trabajando, para no subir los salarios y perjudicarnos”, denunció Ibarra. En los últimos dos años, y estando al frente de la administración el alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, el aumento a su pensión fue de apenas 50 pesos, muy por debajo de la inflación y del costo de la canasta básica.
El reglamento de pensiones del Ayuntamiento establece que los jubilados deben recibir aumentos en la misma proporción que los trabajadores en activo, pero las jubiladas aseguran que los acuerdos internos entre sindicatos y gobierno municipal se aprovechan de esa obligación y disfrazan de aumento la ayuda sindical. Esto crea un sistema donde los derechos de los extrabajadores quedan atrapados por intereses de quienes hoy tienen empleo, generando un rezago económico que afecta directamente su calidad de vida.
El escrito entregado a los regidores también recuerda lo que dicta la Ley Federal del Trabajo: los incrementos salariales no pueden estar por debajo de la inflación. Sin embargo, la realidad para Graciela y sus compañeras es otra: años de servicio ignorados y pensiones que apenas alcanzan para cubrir lo básico.
Las jubiladas exigen que, en el ejercicio fiscal 2026, se contemple un aumento justo y equitativo, como reconocimiento a su trayectoria laboral y para garantizar su derecho a una vida digna. La problemática fue presentada también al alcalde Alfonso Martínez Alcázar, quien se comprometió a revisar el caso, sin embargo la exigencia se ha denunciado desde el trienio pasado que también encabezó.
