Omaida Melissa García / ClsComunica
Morelia, Michoacán a 19 de noviembre de 2025.- El Congreso de Michoacán aprobó reformas para tipificar y sancionar la violencia digital, mediática y política, así como conductas de acoso, ciberacoso y acecho cometidas mediante tecnologías y el uso indebido de inteligencia artificial. Las modificaciones fueron integradas a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y al Código Penal, e incorporan un paquete de delitos que afectan principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. El trabajo periodístico queda exceptuado cuando la difusión de información tenga fines informativos.
Las reformas incluyen cambios a los artículos 169 bis, 170 bis, 195 y 195 bis, así como la creación de los artículos 169 ter, 169 quater y 193 bis del Código Penal. Entre los ajustes destacan nuevas sanciones para acoso sexual digital, con penas de seis meses a un año de prisión y multas de 30 a 120 días por capturar o difundir imágenes, audios o videos sin consentimiento con fines sexuales.
El delito de acecho también queda tipificado. Se castigará con hasta dos años de prisión a quien realice seguimiento, vigilancia, comunicación no solicitada o contacto reiterado, ya sea físico o digital. Para ciberacoso, la pena se eleva hasta tres años de prisión y 500 días de multa por hostigamiento, amenazas, filtración de datos personales o actos que vulneren la privacidad o integridad de otra persona.
La reforma incorpora un nuevo delito relacionado con el uso de inteligencia artificial. Se impondrán de tres a seis años de prisión a quien utilice IA o plataformas digitales para recopilar y difundir información personal con el objetivo de desprestigiar a una persona o promover campañas de acoso.
El Congreso aclaró que el trabajo periodístico queda exceptuado cuando la difusión de información tenga fines informativos. Las penas aumentarán a la mitad cuando las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad o adultas mayores, o cuando el agresor actúe bajo perfiles falsos o anonimato.
Además, los jueces podrán imponer medidas adicionales como cursos de sensibilización en derechos de las mujeres, alfabetización digital o servicio comunitario enfocado en prevención de violencia sexual y digital.
Las reformas buscan actualizar la protección legal frente a nuevas formas de violencia en entornos físicos y digitales, aunque persisten dudas sobre la capacidad institucional para investigar delitos cometidos en redes y en entornos de IA.
