febrero 25, 2026
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La regidora de Morelia cuestionó que el IMPA reciba 16.5 millones de pesos —más que deporte y educación municipal juntos— sin resultados proporcionales. Propone auditoría integral, revisión de protocolos y comparecencia de la titular.

Omaida Melissa García / ClsComunica

Morelia, Michoacán a 25 de febrero de 2026.- En sesión de Cabildo, la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez pidió someter a auditoría integral al Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), al señalar que el presupuesto asignado para 2026 —16 millones 599 mil 512 pesos, equivalente al 0.43% del gasto municipal— no se refleja en resultados verificables.

Lucila Martínez comparó que el monto otorgado al IMPA es similar a la suma de lo destinado al IMCUFIDE, que administra 14 unidades deportivas, y al Colegio de Morelia, que ofrece formación académica a jóvenes del municipio.

Aunque reconoció que la protección animal merece recursos, cuestionó el desempeño del instituto a un año de su creación. Entre los señalamientos expuestos:

  • Confrontación pública entre activistas y personal del IMPA por el manejo de felinos en el Panteón Municipal (febrero 2026).
  • Seis gatos envenenados en marzo de 2025, sin resultados concluyentes en la investigación.
  • Denuncias por muertes postquirúrgicas sin claridad sobre la certificación profesional del personal.
  • Una clínica veterinaria en la colonia Manantiales inconclusa desde hace tres años.
  • Instalaciones saturadas al 200% de su capacidad, según reconocimiento de la propia titular.
  • De 2,088 reportes de maltrato animal en 2025, solo cuatro derivaron en denuncia penal (0.19%).

Además, recordó que durante la aprobación de la Ley de Ingresos advirtió sobre incrementos en tarifas de servicios veterinarios y de control animal que, a su juicio, no se han traducido en mejoras visibles.

Ante ello, presentó un Punto de Acuerdo que propone:

  • Auditoría integral al IMPA.
  • Protocolos técnicos y médico-veterinarios claros para captura, esterilización y resguardo.
  • Coordinación formal con cuidadoras y organizaciones animalistas.
  • Informe público detallado en un plazo máximo de 30 días sobre ingresos, egresos, número de animales ingresados, esterilizados, adoptados y fallecidos.
  • Revisión y fortalecimiento del mecanismo de denuncia penal por maltrato animal.
  • Comparecencia de la titular ante la Comisión correspondiente.
  • Verificación de cédulas profesionales del personal, en coordinación con autoridades estatales.

La regidora subrayó que el exhorto no prejuzga responsabilidades, sino que busca transparentar el uso de recursos públicos y recuperar la credibilidad institucional.

El debate trasciende la protección animal: pone en el centro cómo se ejercen recursos municipales en comparación con áreas como deporte y educación. En un contexto de restricciones presupuestales, la pregunta es inevitable: ¿están los resultados del IMPA a la altura del dinero público que recibe?

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