Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 19 de febrero de 2026. En el Congreso de Michoacán se llevó a cabo el Encuentro y Diálogo “Uantap’erakua”, impulsado por la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos, presidida por la diputada indígena del Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández.
El evento, que se desarrolla del 18 al 21 de febrero en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, contempla tres ejes: una jornada política en el Congreso local; una jornada académica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y una jornada cultural en el Palacio Federal, sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Michoacán.
Participan instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, universidades públicas y representantes comunitarios.
Alertan por pérdida de hablantes
Durante los paneles se expuso la disminución acelerada de hablantes de mazahua, otomí, nahua, pirínda y purépecha en distintas regiones del estado.
Uno de los focos de preocupación es la ribera del lago de Pátzcuaro, donde —según lo expuesto— solo en comunidades como Santa Fe de la Laguna y San Andrés se mantiene una presencia significativa de niñas y niños hablantes de lengua originaria.
Especialistas y autoridades comunitarias coincidieron en que la enseñanza de estas lenguas no puede depender de esfuerzos aislados o temporales.
Propuesta: Instituto de Lenguas Originarias
Entre los planteamientos centrales está la creación del Instituto de Lenguas Originarias del Estado de Michoacán, que tendría como funciones:
- Preservar y documentar el patrimonio lingüístico.
- Diseñar programas educativos especializados en lengua materna.
- Crear un centro de documentación e investigación lingüística.
- Impulsar la transmisión intergeneracional.
- Apoyar procesos comunitarios de revitalización.
También se dio lectura a una carta dirigida al gobernador, al Congreso local y a la Secretaría de Educación, en la que se exige el cumplimiento efectivo de la Ley General de Derechos Lingüísticos y la asignación de presupuesto para garantizar educación bilingüe intercultural.
La discusión puso sobre la mesa una pregunta de fondo: si las lenguas originarias son un derecho reconocido, ¿por qué su preservación sigue dependiendo más del activismo comunitario que de una política pública sólida y permanente?
