Omaida Melissa García / ClsComunica
Tacámbaro, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.– Por primera vez en Michoacán, un ejido logró que se aplicara una reparación del daño ambiental: en San Rafael Tecario se retiraron más de 6 mil plantas de aguacate sembradas ilegalmente y cuatro obras de captación de agua instaladas sin autorización.
El resolutivo de la Profepa obliga además a la parte demandada a reforestar 27.3 hectáreas con más de 43 mil árboles nativos —principalmente pino michoacano y pino ocarpa— y garantizar su supervivencia durante cinco años. En la intervención participaron ejidatarios, activistas, autoridades municipales, Guardia Nacional y Ejército.
Profepa aseguró que se trata de un “precedente” contra quienes cambian ilegalmente el uso de suelo en zonas forestales para destinarlas a la agroindustria del aguacate. Recordó que estas prácticas, además de dañar los ecosistemas y el agua, pueden derivar en sanciones penales y obligaciones de restauración ambiental.
La acción en San Rafael Tecario fue presentada como un triunfo histórico, pero la crítica es inevitable: aunque se desmontó una plantación, la expansión aguacatera ilegal sigue arrasando miles de hectáreas de bosque en Michoacán con escasa sanción real. La gran pregunta es si este caso marcará un cambio de rumbo o si quedará como una excepción que se presume más de lo que se replica.
