Proponen en Michoacán frenar clausuras de negocios por delitos de terceros 4
La diputada de Movimiento Ciudadano plantea reformar la Ley Orgánica Municipal para impedir multas o cierres sin responsabilidad acreditada del propietario. La medida busca garantizar debido proceso y proporcionalidad.

Omaida Melissa García | ClsComunica

Morelia, Michoacán a 4 de marzo de 2026.- La diputada local Grecia Jennifer Aguilar Mercado presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal de Michoacán y evitar que negocios sean multados o clausurados por delitos cometidos por terceros.

La legisladora, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, argumentó que actualmente, cuando en las inmediaciones o dentro de un establecimiento ocurre un delito cometido por otra persona, en algunos casos la autoridad municipal impone sanciones inmediatas al negocio, incluso si el propietario no participó ni toleró el hecho.

Grecia Jennifer Aguilar Mercado presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal de Michoacán

La propuesta establece que la comisión de un delito por parte de terceros no podrá traducirse automáticamente en sanciones administrativas para el establecimiento. Toda medida deberá derivar de un procedimiento formal, con derecho de audiencia y responsabilidad plenamente acreditada.

¿Qué plantea la reforma?

  • Prohibir sanciones automáticas a negocios por delitos de terceros.
  • Garantizar derecho de audiencia y debido proceso antes de imponer multas o clausuras.
  • Exigir que la responsabilidad esté plenamente acreditada.
  • Mantener sanciones firmes cuando exista participación, encubrimiento o incumplimiento legal del establecimiento.

Aguilar Mercado sostuvo que la intención no es debilitar las facultades municipales ni generar impunidad, sino asegurar que la potestad sancionadora se ejerza con legalidad y proporcionalidad.

Advirtió que para pequeños comercios, incluso unos días de cierre pueden significar pérdidas irreparables, despidos o el cierre definitivo.

La discusión ahora será si la reforma logra equilibrar la responsabilidad de los negocios con la obligación de las autoridades de garantizar seguridad, sin trasladar el costo de un delito a quien también pudo ser víctima.

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