Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán. 6 de febrero de 2026.- Personas juzgadoras del sistema de justicia penal de Michoacán vincularon a proceso a diversos imputados por su presunta participación en delitos de alto impacto, entre ellos fraude genérico, abuso sexual contra menores de edad, violencia familiar y homicidio en razón de parentesco o relación.
En Morelia, Alejandro “N”, Yek Yunuel “N”, Gabriela “N” y Azucena “N” fueron vinculados a proceso por fraude genérico. La autoridad judicial les impuso prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. De acuerdo con los datos de prueba, ofrecían créditos para la compra de autos seminuevos, cobraban enganches y mensualidades, pero no entregaban los vehículos a las víctimas.
En la misma región, Isacc “N” fue vinculado a proceso por abuso sexual contra una persona menor de 16 años. Se le impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La resolución se emitió con perspectiva de género y enfoque de derechos de la niñez, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En Uruapan, Amador “N” fue vinculado a proceso por violencia familiar, en agravio de una víctima cuya identidad se mantiene reservada. Como medidas cautelares, el juez ordenó su presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y testigos, mantener una distancia mínima de 100 metros y someterse a una valoración médica especializada. El plazo para la investigación complementaria es de dos meses. Los hechos ocurrieron en enero de 2026 en la localidad de Cocucho, municipio de Charapan.
En Zamora, Ana Karen “N” fue vinculada a proceso por homicidio en razón de parentesco o relación, en perjuicio de una víctima de identidad protegida. Durante la audiencia, el delito fue reclasificado y, tras un análisis con perspectiva de género, se impuso prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para la investigación complementaria. El hecho ocurrió en enero de 2026 en un domicilio del fraccionamiento Acanto II, donde la víctima murió tras una agresión con arma de fuego.
El Poder Judicial de Michoacán informó que estas resoluciones se dictaron con apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos y aplicación de criterios de protección a niñas, niños y adolescentes.
