Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 5 de marzo de 2026. La diputada local Eréndira Isauro Hernández presentó una iniciativa para reformar el artículo 167 del Código Electoral de Michoacán, con el objetivo de prohibir la contratación de propaganda electoral por parte de terceros durante los procesos electorales.
La propuesta, presentada ante el pleno del Congreso del Estado de Michoacán y acompañada por el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten a personas físicas o morales financiar campañas paralelas a favor o en contra de candidaturas.
El proyecto establece una prohibición expresa para que terceros contraten propaganda electoral en medios impresos, redes sociales, plataformas digitales, páginas web, aplicaciones móviles o a través de creadores de contenido e influencers.
Durante su exposición, la legisladora señaló que la equidad en la contienda electoral puede verse afectada cuando interviene el poder económico mediante recursos no fiscalizados.
También advirtió que estas prácticas generan opacidad sobre el origen del dinero, lo que abre la posibilidad de financiamiento ilícito o la intervención de intereses externos en los procesos democráticos.
La iniciativa plantea además que, si un partido, precandidato o candidato tiene conocimiento de propaganda contratada por terceros y no se deslinda públicamente, ese gasto será contabilizado dentro de sus topes de campaña, además de aplicar las sanciones correspondientes.
El proyecto también establece que el Instituto Electoral de Michoacán deberá emitir lineamientos para identificar, monitorear y sancionar estas prácticas en un plazo máximo de 90 días después de la entrada en vigor de la reforma.
Aunque la legislación actual regula la propaganda en radio y televisión, la diputada señaló que existe una brecha en el ámbito digital, donde no hay una restricción clara para este tipo de financiamiento.
La discusión ahora será si esta reforma logra cerrar los espacios para la propaganda encubierta en redes o si las campañas digitales seguirán siendo un terreno difícil de fiscalizar.
¿Puede una reforma legal frenar la influencia del dinero en la propaganda política digital o la fiscalización seguirá llegando tarde frente a las nuevas estrategias de campaña?
