Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 12 de marzo de 2026. La diputada Sandra Arreola Ruiz presentó en el Congreso del Estado un posicionamiento para impulsar la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando exista abandono parental.
La legisladora, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, planteó que los padres deudores alimentarios no puedan obstaculizar trámites legales de sus hijas e hijos, como la obtención de pasaportes o permisos de viaje.
La propuesta contempla que el Congreso de Michoacán remita al Congreso de la Unión una reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho a la movilidad de menores cuando exista abandono parental.
De acuerdo con la diputada, actualmente muchas madres enfrentan obstáculos legales para realizar trámites básicos debido a que la legislación exige la autorización del padre, incluso cuando este no participa en la crianza ni cumple con sus obligaciones.
Arreola Ruiz señaló que en Michoacán existen más de 1.3 millones de mujeres que son madres y que una parte importante de ellas enfrenta la crianza sin el apoyo del padre. Añadió que más de 410 mil hombres figuran como deudores alimentarios.
La iniciativa plantea que el interés superior de la niñez sea el criterio central en los procedimientos relacionados con la movilidad de menores, así como la creación de mecanismos ágiles para que quien tenga la guarda y custodia pueda gestionar autorizaciones cuando el otro progenitor haya incumplido reiteradamente con sus responsabilidades.
El nombre de la propuesta, “Ley Cazzu”, retoma un caso mediático que visibilizó las dificultades que enfrentan muchas mujeres para realizar trámites de movilidad de sus hijos cuando el padre es ausente o incumple con la pensión alimenticia.
La diputada señaló que el objetivo no es personalizar el problema, sino evidenciar una situación que afecta a miles de familias y plantear cambios legales que prioricen los derechos de la niñez.
¿Deberían las leyes limitar la patria potestad de padres que abandonan sus responsabilidades para proteger mejor los derechos de niñas y niños?
