Sara Martínez |ClsComunica
Morelia, Michoacán, 5 de marzo de 2026. — El Congreso del Estado de Michoacán aprobó un dictamen para la enajenación de diversos bienes inmuebles del patrimonio estatal, con el objetivo de destinar esos activos a proyectos de infraestructura y servicios públicos.
El diputado de Movimiento Regeneración Nacional, Juan Pablo Celis Silva, señaló que la medida busca convertir bienes considerados improductivos en inversiones que generen beneficios sociales.
De acuerdo con el legislador, parte de los inmuebles podrían destinarse al Instituto Mexicano del Seguro Social para la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil y una Unidad de Medicina Familiar, lo que ampliaría la oferta de servicios de salud y apoyos para madres trabajadoras.
Celis sostuvo que el dictamen incluye mecanismos para garantizar la transparencia en el proceso, entre ellos la obligación de realizar avalúos a valor comercial y procedimientos administrativos específicos para la venta o cesión de los bienes.
También establece que los recursos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a inversión pública productiva, por lo que no podrán utilizarse para gasto corriente.
El legislador añadió que, en caso de que alguna operación no se concrete, los bienes deberán reintegrarse al patrimonio del estado.
La aprobación de la desincorporación ocurre en medio de un debate recurrente sobre el uso del patrimonio público y los riesgos de vender bienes estatales.
Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿convertir inmuebles públicos en infraestructura social fortalecerá el desarrollo del estado o abrirá nuevas discusiones sobre el manejo del patrimonio público?
