Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 26 de marzo de 2026.- El Congreso del Estado lanzó un exhorto a la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, para que en un plazo de 15 días entregue el reglamento que regirá la próxima elección de rectoría, así como información sobre la integración de la comisión encargada del proceso.
La solicitud, promovida por el presidente del Congreso, Baltazar Gaona García, se presenta bajo el argumento de garantizar legalidad, transparencia y gobernabilidad universitaria. Sin embargo, el momento político en que ocurre abre otra lectura.
A menos de un año de la sucesión en la rectoría, la universidad se perfila como un espacio estratégico de disputa entre grupos políticos. Por un lado, el entorno del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha impulsado a la secretaria de Movilidad, Gladys Butanda, como posible relevo en el Ejecutivo estatal. Por otro, actores como Raúl Morón, que han comenzado a ganar presencia en espacios universitarios.
En ese contexto, el exhorto no solo plantea una exigencia administrativa. También fija postura: el Congreso busca incidir en los tiempos y condiciones bajo los cuales se desarrollará la elección interna de la universidad.
Durante la exposición de motivos, Gaona García sostuvo que la autonomía universitaria “no es un cheque en blanco” para incumplir plazos legales. La frase no es menor. Coloca en el debate público la posibilidad de que la rectoría esté retrasando la armonización normativa, y abre la puerta a una mayor presión institucional.
El dictamen advierte que iniciar el proceso de sucesión sin reglas claras podría derivar en impugnaciones y conflictos internos. Pero también deja ver una preocupación política: quién controlará las condiciones de la elección.
La exigencia llega en un momento en que la rectora ha sido señalada por abrir espacios a Morón, lo que marcaría distancia con el grupo político del Ejecutivo estatal.
Así, el exhorto funciona en doble vía: como llamado a cumplir con la ley y como mensaje político. El Congreso —alineado con el grupo en el poder estatal— marca límites a la rectoría en la antesala de una sucesión que podría tener efectos más allá del ámbito universitario.
