Colaboración
Araceli Gutiérrez Cortés
Una de las principales preocupaciones de cara a la reforma electoral, tiene que ver con la necesidad de generar economías. Se ha considerado que el diseño institucional que hoy tenemos es costoso, por ello, quiero hacer un par de propuestas concretas para disminuir costos.
Primero, en relación con los partidos políticos. Tanto a nivel nacional como en las Entidades Federativas, más del 50% del dinero que se destina para los procesos democráticos, es para financiar a los partidos políticos y es que la formula actual de financiamiento que tienen, toma como base la UMA y el padrón electoral, por lo que independientemente de la inflación su fórmula siempre irá al alza, aunado al hecho de que el ser una fórmula constitucional, quedan intactos de cualquier recorte presupuestal.
Por ello creo que la fórmula de financiamiento debe replantearse desde la Constitución, para que el monto de la bolsa se calcule ya no con base en el número de personas inscritas en el padrón electoral como actualmente se hace, sino con base en el número total de personas que votaron en la última elección para la presidencia de la república.
Este replanteamiento, nada más para el 2026 disminuiría la bolsa de financiamiento federal de 7,737,327,282 pesos a $4,420,930,746. El ahorro sería de casi 3 mil millones de pesos solo a nivel nacional, además de todos los ahorros que se generarían en cada Entidad Federativa. De esta manera, se seguiría garantizando financiamiento público para los partidos, pero ahora con base en sus resultados en las urnas. No tiene ninguna razón de ser que tomen como base el 100% del padrón electoral cuando solo vota el 60% de la lista nominal. Los partidos tienen que dar resultados y hacer la parte que les toca.
Un segundo elemento que me parece fundamental, sobre todo porque ahora el INE y los Institutos Electorales de los Estado (OPLES) organizan las elecciones de los tres poderes, es la necesaria implementación de la urna electrónica. Este no es un tema nuevo; antes de la reforma del 2014 algunas entidades ya la estaban implementando de manera exitosa, incluso el INE ya estaba haciendo pruebas piloto y los resultados fueron extraordinarios.
La urna electrónica permitiría replantear la estructura de la mesa directiva de casilla para que sean menos personas y en automático disminuir costos, y al mismo tiempo agilizar los resultados de las elecciones y con mucha mayor certeza. Nos ahorraríamos los errores humanos.
Además, se dejarían de pagar millones de pesos en boletas y material electoral. A nivel federal, nada más en las elecciones del 2024, se gastaron más de 580 millones de pesos sin contar las boletas de la Elección Judicial, y sin contar toda la producción de documentación y material en las entidades federativas, que son gastos fuertísimos junto con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que también estaría resuelto con la urna electrónica. Adicionalmente, se disminuiría el número de personas que se contratan para la operatividad.
Si para el 2027 no se aprueba algún mecanismo de voto electrónico; o bien, no se aprueba por lo menos una fecha distinta para la elección del Poder Judicial, el costo de las elecciones sí o sí, se va a disparar de manera importantísima; porque las estructuras de los órganos electorales no son suficientes para organizar las tres elecciones en las mismas fechas.
Un tercer aspecto que no quiero dejar de mencionar es, que definitivamente desaparecer los OPLES no garantizaría economías, porque la estructura que hoy tiene el INE en los Estados no es suficiente, y tendría que duplicarse y quiza hasta triplicarse para hacer todo lo que hoy están haciendo los OPLES.
Porque además de organizar las elecciones locales, fuera de los procesos electorales, los OPLES se encargan de los procesos de creación de partidos políticos locales, procesos de creación de organizaciones políticas, seguimiento de mecanismos de participación ciudadana como consultas indígenas, observatorios ciudadanos, plebiscitos, referéndum, actividades de educación cívica que son permanentes, entre muchos otros.
Si desaparecen los Institutos Electorales Locales, se van a disminuir derechos. Y si se pasan esas atribuciones al INE, éste, así como está no podría salir avante. Pero sí hay forma de fusionar algunas atribuciones que mejoren la coordinación INE-OPLES y generen economías. Por ello será importante que la Comisión para la reforma electoral, escuche en serio las preocupaciones de quienes organizan las elecciones.
«Araceli Gutiérrez Cortés.
Académica y especialista en Derecho Electoral.
Fue consejera y presidenta del Instituto Electoral de Michoacán.»
