Omaida Melissa García / ClsComunica
El feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020 en Morelia, marcó un antes y un después en la discusión sobre la violencia contra las mujeres en Michoacán. Hoy, su nombre vuelve a los tribunales: la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae para impedir que se reduzcan las penas a feminicidas mediante juicios de amparo.
El fiscal Carlos Torres Piña informó que este recurso busca sentar un precedente nacional: “Garantizar justicia plena a las víctimas indirectas y mandar un mensaje de cero tolerancia a la violencia feminicida”.
La intervención se da en el marco del juicio de amparo ADR 4872/2024, promovido por la familia de Jessica, quienes han exigido durante años que no se diluyan las sentencias contra su agresor. En este proceso, la SCJN deberá resolver si las reducciones de pena vulneran los derechos de las víctimas.
Jessica, de 21 años, fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2020 y hallada sin vida cuatro días después en un paraje de Morelia. Su feminicidio generó protestas nacionales y colocó a Michoacán en el mapa de los estados con mayor exigencia de justicia para las mujeres.
De prosperar el planteamiento presentado ante la Corte, el caso podría fijar una jurisprudencia histórica: cerrar la puerta a reducciones de condena en feminicidios y reforzar la obligación del Estado mexicano de garantizar justicia con perspectiva de género.
