Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 4 de marzo de 2026.- En Michoacán, cada 14 horas se abre una carpeta de investigación por abuso sexual. Son en promedio 12 casos por semana y más de 600 al año. Frente a ese panorama, la diputada local Fabiola Alanís presentó una iniciativa para que este delito se persiga de oficio y no dependa de la denuncia de la víctima.
La propuesta busca reformar el Código Penal del Estado para fortalecer la tipificación del abuso sexual, reconocer de manera expresa la reparación integral del daño e incorporar la negativa de consentimiento como elemento central, con el fin de evitar interpretaciones que favorezcan a agresores.
“La violencia sexual no puede seguir dependiendo del valor individual de una víctima para denunciar. Es el Estado quien debe actuar”, sostuvo la legisladora.
Más denuncias tras la pandemia
Antes de 2020, el promedio anual de denuncias oscilaba entre 200 y 400 casos. Después de la pandemia, la cifra supera las 600 denuncias por año.
Además, el delito mantiene altos niveles de cifra negra. En Michoacán, alrededor del 90% de los casos no se denuncian. Es decir, por cada hecho que llega ante la autoridad, al menos nueve permanecen ocultos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la violencia sexual fue el único tipo de violencia contra las mujeres que aumentó entre 2016 y 2021 en la entidad. Hace una década, 36 de cada 100 mujeres habían sufrido al menos un evento de este tipo; para 2021, la cifra subió a 40 de cada 100.
¿Qué propone la reforma?
La iniciativa contempla:
- Que el abuso sexual se persiga de oficio.
- Reconocimiento expreso de la reparación integral del daño y garantías de no repetición.
- Tipificación amplia de actos de naturaleza sexual.
- Inclusión explícita de la negativa de consentimiento.
En 2024, el Congreso local reconoció el abuso sexual contra personas menores de edad como delito autónomo y endureció las penas. Sin embargo, Alanís argumenta que aún falta armonizar la legislación con estándares constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
La legisladora afirmó que sin seguridad ni justicia no hay igualdad sustantiva y que erradicar la violencia sexual es condición para la participación plena de las mujeres en la vida pública.
Con más de 600 denuncias al año y una cifra negra que supera el 90%, ¿puede el Estado seguir dejando en manos de las víctimas el inicio de la acción penal?
